Usando la filosofia del contrato social, el ciudadano entrega parte de sus derechos al estado a condicion de percibir una serie de mejoras y garantias y el propio concepto de ciudadania. Esta disminucion de status tiene como fin obtener la ventaja de pertenecer a un grupo mayor. Ventaja que, supuestamente, proporciona, al final, mejor status que el primario.

El interesante enfoque del contrato social tiene el ejemplo evidente de la Roma antigua, donde no todos los subditos del estado tenian el derecho y privilegio de la ciudadania.

A raiz de los atentados del 11 de septiembre y de la campaña de la guerra contra el terror de la administracion Bush se impulso un paquete de medidas siendo la mas famosa y polemica el Patriot Act. Mediante su aprobacion, se facultaba al estado para cometer delitos sin que estos fueran considerados legalmente como tales. Es decir, una escucha ilegal lo seguia siendo, pero si la investigacion se realizaba al amparo del Patriot Act, se podia efectuar y admitir a tramite aunque no perdiera su caracter de ilegalidad. Que conste que ejemplos de la ejecucion autorizada de actos no permitidos hay a montones a lo largo de toda la historia (recordemos el obedezcase pero no se cumpla, por poner), y que, al fin y al cabo, estas “excepciones” a la norma general se dan a diario en el mundo aunque el ciudadano no lo perciba.

Una encuesta a gran escala hecha con posterioridad a ciudadanos norteamericanos sobre este paquete de medidas arrojaba un resultado claro: estaban de acuerdo en perder algo de libertad para garantizar su seguridad.

El problema objetivo era que se partia de una premisa falsa. No se puede perder algo de libertad en un sistema que, a fin de cuentas, funciona como ejemplo auto-excluyente: todo lo que no esta prohibido esta permitido hasta que se prohiba, y no siempre es aplicable esta generalidad para todos los casos concretos. En suma, los ciudadanos pensaron que se trataba de una modificacion, una nueva clausula, digamos, añadida al contrato social. Y en esos terminos, oiga, yo estaria de acuerdo.

Pero en realidad, lo que no quisieron ver es que estaban facultando al estado (como ente abstracto y a sus funcionarios como elementos concretos) a cometer delitos que, en general, no seran perseguidos por fiscalias ni demas organos de justicia. Desde este punto de vista, estaba claro que salian perdiendo con el trato. A este respecto, recomiendo ver el caso del jubilado que critico a Bush en el gimnasio y recibio una visita del FBI en su propia casa para ser interrogado (puede verse en el documental de Michael Moore Fahrenheit 9/11).

En ese caso concreto los funcionarios del FBI cometieron un error y un delito. El error fue no explicar al denunciante (un compañero del gimnasio que supongo muy patriota y republicano) una nociones de legalidad y que se considera seguridad nacional y que no. El delito fue, habiendo recibido la denuncia, cursarla a tramite al amparo de la legislacion especial antiterrorista y hacerle elegir entre abrir la puerta o derribarla para entrar, violando el tan consagrado derecho a la libertad de expresion que, por otra parte, deben defender.

Casos asi, miles en los ultimos años. Pero la cosa nos quedaba lejos. Hasta que la paranoia antiterrorista llega a la UE y se sacan de la manga la nueva legislacion para viajes aereos.

Los europeos no hemos tenido tanta suerte como los norteamericanos. A ellos les orquestaron una campaña para venderles la moto (que si Al Qaeda, que si War on Terror, etc, etc). A nosotros no solo no han intentado convencernos, sino que por si fuera poco aprueban una normativa de seguridad cuyo contenido es secreto (se acuerdan del asunto, ¿no?).

Por si fuera poco imponer, por decreto, una normativa secreta a un ciudadano violando cualquier concepto erroneo o acertado que se pueda tener de la expresion “seguridad juridica”, encima luego los mismos que la impulsaron se desentienden de su aplicacion. A todos los niveles.

Los controles de salida o entrada que te aplican en el aeropuerto de Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, Munich, Frankfurt, Paris o Roma no se parecen en nada. Pero lo peor no es la absoluta arbitrariedad en la aplicacion de los controles. Lo peor es que en la mayoria de los casos los encargados de aplicar una normativa que desconocen (han recibido una hoja con cuatro cosas y para de contar) son, salvo contadas excepciones, nada mas y nada menos que algo denominado personal de seguridad del aeropuerto.

Son, en su mayoria, vigilantes de seguridad sin habilitacion del Ministerio del Interior u organismo correspondiente, de una empresa privada subcontratada por el aeropuerto en cuestion. Dicho personal es el que le pide a uno que se quite los zapatos (despues de una maravillosa lectura por la normativa de seguridad de la cual se interpreta, despues de una traduccion de dicho texto al latin, de este al arameo, de este al griego y vuelta al latin, que te tienes que quitar los zapatos).

Aunque la cosa ya ha sufrido varios cambios (mas otros que vienen en camino), a grandes rasgos esta es la pinta que tiene el asunto. Hemos cedido, en nuestro contrato social, parte de nuestro status para obtener a cambio un tramite de quita y pon de zapatos en los aeropuertos.

Analizando las medidas del viaje uno se pregunta a que clase de colegio acudieron o que peliculas ven los redactores de la misma cuando piensan que pueden evitar un incidente aereo con la sarta de tonterias que proponen.

En cualquier caso, nuestros mandamases han hecho algo bueno. Han realizado una demostracion publica y practica de la necesaria modificacion de la teoria del pacto social, ya algo anticuada.

Por fin han demostrado que cuando tienes menos, tienes menos. Y se acabo.

Ah, si, vale, el dia que detengan a un presunto terrorista en un aeropuerto porque llevaba explosivo plastico en los zapatos o una ampolla de antrax en los calcetines, ese dia me retracto.